Una grave vulneración a la soberanía nacional ha sido denunciada ante la Cámara de Diputados: la posible compra irregular de 448 hectáreas en plena zona fronteriza por parte de ciudadanos argentinos, quienes, mediante la creación de una empresa chilena y ocultando su nacionalidad de origen, habrían logrado eludir la legislación vigente que prohíbe expresamente este tipo de operaciones en áreas sensibles.
El Diputado Alejandro Bernales solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores antecedentes urgente sobre esta situación, que no solo implica irregularidades administrativas, sino también posibles delitos de omisión dolosa y representa una grave amenaza a la seguridad territorial del país.
Los ciudadanos argentinos Jorge Luis Becerra Urbano, María del Carmen Taschetti Mayol y su hija Sofía Becerra Taschetti declararon ser de nacionalidad española para constituir la empresa Inversiones Rumbo Sur SpA, con el fin de evadir las restricciones legales.
No existe ningún Decreto Supremo que autorice la compra de estas tierras, como exige la ley chilena cuando ciudadanos de países limítrofes desean adquirir terrenos en zonas cercanas a la frontera.
Este hecho no es aislado ni menor. Se trata de una operación organizada para vulnerar la soberanía nacional en una zona altamente sensible y protegida por el Estado. La compra de tierras en Lago Lonconao, en pleno Futaleufú, podría sentar un precedente muy peligroso si no se actúa con firmeza y prontitud.
Exigencias del parlamentario:
Que se inicie una investigación inmediata y transparente para esclarecer los hechos.Que se determinen las responsabilidades de los funcionarios públicos que hayan autorizado o permitido esta operación.Que se entreguen antecedentes al Ministerio Público por posibles delitos de falsificación y transgresión a la ley.
Que se identifiquen otros casos similares y se revisen los mecanismos de fiscalización existentes para evitar futuras irregularidades.Chile no puede seguir siendo un espectador pasivo ante la vulneración de sus leyes y la amenaza a su integridad territorial por maniobras legales encubiertas. La ciudadanía tiene derecho a saber quién está comprando Chile y bajo qué condiciones.
Se piden sanciones y garantías para proteger la soberanía de Chile .
