En octubre del año pasado el gobierno se reunió reservadamente con algunos senadores para destrabar la tramitación de la ley que permitiría actualizar las tarifas eléctricas, después de que fueron congeladas durante el estallido social de 2019. En esas citas acordaron encomendar a dos miembros de una consultora que trabaja para empresas eléctricas, que definieran la fórmula de cobro que ahora disparó las cuentas de la luz. De esas reuniones no hay registros, por lo que no se sabe que se discutió en ellas. Pero, nadie vio un conflicto de interés en que personas que prestan servicios a empresas del rubro, intervengan en la definición de las tarifas. El gobierno les pagó un total de $26 millones por sus servicios. El senador Rafael Prohens (RN), que participó en los acuerdos, indicó que uno de estos consultores ha sido su asesor en temas de electricidad: “No me cobra ni un peso”.
El 4 de septiembre del año pasado, el ministro de Energía, Diego Pardow, se reunió reservadamente con integrantes de la Comisión de Minería y Energía del Senado. Así lo confirmaron a CIPER dos asistentes a esa cita. Aquel fue el inicio de las negociaciones para acordar el trabajo prelegislativo que definiría el mecanismo de actualización de las tarifas del consumo eléctrico, proceso que ahora terminó disparando las cuentas de la luz y gatillando ásperas críticas a la actuación del gobierno en una materia que afectará directamente al bolsillo de las familias.
Las tarifas del consumo eléctrico se mantenían congeladas desde el estallido social de 2019, en una decisión adoptada inicialmente por el gobierno de Sebastián Piñera para mitigar el malestar social que arreciaba en esos días. Aunque se descongelaron transitoriamente en 2022, volvieron a fijarse en 2023, cuando el actual gobierno decidió no publicar los decretos con la actualización de las tarifas. Con esta determinación, la situación terminó escalando hasta convertirse en una multimillonaria deuda con las compañías del rubro y las autoridades comprendieron que el sinceramiento de las tarifas podía generar un alza de hasta 80% para los usuarios de mayor consumo.
El aumento de la deuda con las empresas eléctricas urgía poner fin a un problema que amenazaba con tornarse inmanejable. Los nuevos decretos tarifarios debían despacharse a fines del año pasado para comenzar a ordenar el proceso, pero antes se requería acordar una fórmula para incrementar los cobros que conciliara dos intereses divergentes: el de las empresas, que buscan recuperar su dinero, y el de los usuarios, que no desean fuertes alzas repentinas.
CIPER pidió, en noviembre de 2023, los registros o actas de esas reuniones y negociaciones entre los dos poderes del Estado, pero en el Ministerio de Energía respondieron que no quedaron registros oficiales de lo discutido y acordado. Lo único que la cartera transparentó fue la decisión que adoptó el gobierno de contratar a dos profesionales que han trabajado para diversas empresas eléctricas: Ramón Galaz y Andrés Romero. Ambos forman parte de la consultora Valgesta. A ellos se les encargó que diseñaran una fórmula de pago que subiera de manera progresiva el precio de las cuentas de electricidad de los usuarios.
Fuente: Ciper.cl
