Cada cierto tiempo reaparece el debate sobre la calidad de la capacitación laboral en Chile. Con frecuencia se escuchan afirmaciones que responsabilizan a las OTEC, a la Franquicia Tributaria o al sistema de financiamiento por los bajos niveles de inserción laboral de algunos programas públicos.
Sin embargo, cuando se revisa la evidencia, esa conclusión resulta demasiado simplista.
Los propios programas públicos muestran que la inserción laboral varía enormemente según cómo fueron diseñados.
Talento Digital para Chile, impulsado por SENCE, registra tasas de inserción cercanas al 75–80%. No es casualidad. Se trata de una iniciativa focalizada en ocupaciones altamente demandadas, con fuerte participación del sector privado y una estrecha vinculación con empresas que requieren contratar esos perfiles.
En el otro extremo encontramos Becas Laborales, cuya inserción bordea el 27–30%. ¿Significa eso que las OTEC que ejecutan esos cursos realizan un peor trabajo? Difícilmente.
La diferencia radica en que ambos programas persiguen objetivos completamente distintos.
Becas Laborales atiende principalmente a personas desempleadas, mujeres, jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad y otros grupos que enfrentan importantes barreras de acceso al mercado laboral. Es una población mucho más vulnerable y heterogénea, cuya empleabilidad depende de múltiples factores que van mucho más allá de la capacitación.
Lo mismo ocurre con Fórmate para el Trabajo, que incorpora práctica laboral e intermediación y, precisamente por ello, obtiene resultados intermedios cercanos al 40–50%.
La conclusión parece evidente: cuando un programa incorpora un buen diagnóstico de demanda, selección adecuada de participantes, acompañamiento, intermediación laboral y una estrecha relación con las empresas, los resultados mejoran significativamente.
No es el nombre del ejecutor lo que explica las diferencias.
Tampoco el instrumento de financiamiento.
Lo determinante es el diseño de la política pública.
Por eso preocupa que parte de la discusión actual sobre la reforma al sistema de capacitación se concentre en modificar la Franquicia Tributaria o en restringir a los ejecutores, como si esos cambios fueran suficientes para mejorar los resultados.
Cambiar la forma de financiar un programa no garantiza una mayor inserción laboral.
De hecho, podría ocurrir exactamente lo contrario si se debilitan los incentivos para que las empresas inviertan en capacitación o se reduce la diversidad de organismos capaces de ejecutar programas en los territorios.
Si el objetivo es aumentar la empleabilidad, la conversación debiera enfocarse en aquello que realmente hace la diferencia: fortalecer la intermediación laboral, mejorar la focalización de los beneficiarios, actualizar permanentemente la oferta formativa según la demanda productiva y construir vínculos efectivos entre capacitación y empleo.
Las OTEC son un actor relevante en ese proceso, pero no son quienes definen las reglas del programa, la población objetivo ni los mecanismos de derivación al empleo. Evalúarlas únicamente por la tasa de inserción, sin considerar esas variables, conduce a diagnósticos incompletos y, probablemente, a malas decisiones de política pública.
Chile necesita una discusión basada en evidencia y no en percepciones.
Los datos muestran que la inserción laboral mejora cuando los programas están bien diseñados, cuentan con acompañamiento, responden a necesidades reales del mercado y generan conexiones efectivas con las empresas.
En definitiva, si queremos mejores resultados, la pregunta no debería ser quién ejecuta los cursos, sino cómo estamos diseñando los programas públicos para que las personas puedan acceder y mantenerse en un empleo de calidad.
María Cecilia Reinoso Presidenta A. G. Alianza Mujeres en la Capacitación
