Detrás de las negociaciones encabezadas por Hacienda e Interior, la subsecretaria asumió el trabajo cotidiano para construir mayorías y contener diferencias oficialista.
La votación del proyecto de Reconstrucción Nacional en el Senado no solo estuvo marcada por las discusiones en la Sala.
Detrás de la principal reforma económica del Gobierno hubo semanas de conversaciones reservadas, mesas políticas, negociaciones cruzadas y un intenso despliegue legislativo que involucró al Ministerio de Hacienda, de Interior, la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), parlamentarios oficialistas y de oposición.
Desde un comienzo, en La Moneda existía la convicción de que el Senado sería el tramo más complejo de la tramitación.
A diferencia de la Cámara de Diputados, donde el Ejecutivo consiguió una amplia mayoría para aprobar la idea de legislar, en la Cámara Alta cualquier desmarque podía comprometer el avance del proyecto.
Fue así como el Gobierno comenzó a construir una estrategia que, con el correr de las semanas, terminó cambiando de protagonistas.
La primera etapa de la negociación estuvo encabezada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Mientras el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, permanecía fuera por problemas médicos durante la aprobación en general del proyecto, Hacienda asumió el liderazgo de las conversaciones y, con la colaboración de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), impulsó una mesa política integrada por parlamentarios de distintos sectores para construir un acuerdo amplio en torno a la reforma.
La intención inicial era acercar posiciones entre el Gobierno y la oposición respecto de las principales normas tributarias del proyecto, especialmente el régimen de invariabilidad para grandes inversiones. Sin embargo, ese diseño duró poco.
Tras las dos primeras reuniones comenzaron a surgir diferencias al interior de algunos sectores de la oposición, particularmente en el Partido Socialista, lo que terminó debilitando la posibilidad de alcanzar un entendimiento transversal.
Ante ese escenario, Quiroz y Núñez optaron por modificar la estrategia. En lugar de insistir en una negociación amplia, concentraron los esfuerzos en los senadores del PPD Ricardo Celis, Pedro Araya y Loreto Carvajal, quienes pasaron a transformarse en los principales interlocutores del Ejecutivo para destrabar algunos aspectos de la megarreforma y construir una mayoría más amplia en la Cámara Alta.
Las conversaciones terminaron enfocándose en la invariabilidad tributaria. Los parlamentarios propusieron reemplazar la fórmula original impulsada por Hacienda por un sistema con plazos diferenciados de 10, 15 y 20 años, según el monto de la inversión, además de incorporar una sobretasa de 1,5% para las empresas que optaran por acogerse a ese beneficio.
La propuesta fue acogida por el Ejecutivo y terminó convirtiéndose en la base del principal acuerdo político alcanzado durante la tramitación del proyecto en el Senado.
De hecho, el propio Quiroz aseguró públicamente que ese entendimiento permitiría aprobar la reforma «con más votos que los del oficialismo», convencido de que el proyecto había logrado ampliar su base de apoyo y destrabar uno de los capítulos más sensibles de la iniciativa.
Pero ese escenario cambió abruptamente cuando el Ejecutivo ingresó las indicaciones para la discusión en particular en la Comisión de Hacienda. Junto con la fórmula negociada apareció una rebaja del Impuesto de Primera Categoría desde 23% a 22% para las empresas que no ingresaran al régimen de invariabilidad tributaria, disposición que, según los senadores del PPD, nunca había sido parte de las conversaciones sostenidas durante las semanas previas.
La reacción fue inmediata. Pedro Araya sostuvo que todas las reuniones se habían desarrollado considerando una tasa corporativa de 23%, mientras Ricardo Celis y Loreto Carvajal acusaron al Ejecutivo de modificar unilateralmente las bases del acuerdo alcanzado.
Lo que hasta ese momento era presentado por La Moneda como uno de los principales logros políticos de la tramitación terminó convirtiéndose en el mayor flanco de la reforma y puso en riesgo los votos que el Gobierno había trabajado durante días para conseguir.
Para entonces, José García Ruminot ya se había reincorporado a sus funciones en la Segpres. Sin embargo, quien asumió personalmente la tarea de recomponer el acuerdo con el PPD fue el ministro del Interior, Claudio Alvarado, que intervino directamente tras la controversia generada por la rebaja del impuesto corporativo.
Tras un receso de la Comisión de Hacienda, Alvarado solicitó a Quiroz retirar la indicación. Horas más tarde, Hacienda repuso el texto originalmente acordado con el PPD y mantuvo la tasa de Primera Categoría en 23%.
Fue el propio ministro del Interior quien salió posteriormente a explicar el episodio. «Quiroz jamás actuó de mala fe. Él entendió que esa indicación era parte de la conversación y no había sido así. Como no fue así, se reconoce y se retira la indicación», sostuvo.
Pese al gesto, el conflicto dejó heridas. Ricardo Celis afirmó que el Gobierno debía pedir disculpas antes de retomar las conversaciones; Loreto Carvajal confirmó que mantendría su rechazo a la norma de invariabilidad tributaria; mientras Pedro Araya comenzó a plantear nuevas condiciones para respaldar la iniciativa, entre ellas abrir una discusión sobre el impuesto específico a los combustibles, alternativa que posteriormente fue descartada por el Ejecutivo.
Las gestiones continuaron durante los días siguientes y el Gobierno terminó acogiendo íntegramente la propuesta, sin embargo no contó con la amplia mayoría que buscaba el Ejecutivo. La Sala del Senado ratificó esa fórmula con 26 votos a favor, 23 en contra y la abstención de Pedro Araya.
Mientras Claudio Alvarado concentraba sus esfuerzos en recomponer el acuerdo con el PPD en el Senado, en La Moneda comenzó a instalarse otra preocupación: el tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, donde el Partido de la Gente volvería a transformarse en un actor clave para evitar que el proyecto terminara en una comisión mixta.
La tarea quedó principalmente en manos del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien buscó asegurar el respaldo del PDG para enmendar el costo político que había significado el quiebre con el PPD. En el Ejecutivo reconocían que el escenario en la Cámara sería mucho más estrecho y que la relación que el secretario de Estado mantenía con el fundador del partido, Franco Parisi, podía transformarse en un activo para destrabar las conversaciones.
En ese contexto se produjo también una reunión entre el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, y la diputada Zandra Parisi, quien llegó al Senado por instrucción del fundador del partido.
Allí, la conversación estuvo centrada en el proyecto comprometido por el Ejecutivo para establecer la devolución del IVA en pañales y medicamentos, una de las principales demandas del PDG. Sin embargo, la cita fue vista más como un gesto institucional en medio de las conversaciones que ya encabezaba Hacienda.
El trabajo político desarrollado durante semanas parecía encaminado a cerrar definitivamente la tramitación en el Senado. Sin embargo, el mayor revés llegó cuando el Ejecutivo buscaba despachar el único artículo que había integrado la mixta: la compensación para los municipios por la exención del pago de contribuciones a los mayores de 65 años.
La instancia aprobó rápidamente la propuesta y la Cámara de Diputados la ratificó durante la misma jornada. Pero al llegar al Senado el escenario cambió. Las críticas formuladas por el senador Gustavo Sanhueza (UDI) y la ausencia de algunos parlamentarios dejaron al Gobierno sin los 26 votos necesarios para aprobar el informe.
Para evitar una derrota que hubiera impedido volver a presentar la misma fórmula durante un año, el Ejecutivo retiró la urgencia del proyecto y respaldó la solicitud del senador Javier Macaya (UDI) de abrir una segunda discusión. La votación quedó postergada para después de la semana regional, dando al Gobierno nuevos días para intentar recomponer las mayorías.
Ahora, el Ejecutivo deberá enfrentar el último trámite de la megareforma en medio de las críticas por la renuncia del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, luego de que se diera a conocer que un segundo examen de drogas arrojó un resultado positivo.
Cuando el proyecto regresó a la Cámara de Diputados para su tercer trámite constitucional, la subsecretaria consiguió mantener el apoyo de la bancada democratacristiana. Durante toda la negociación sostuvo un contacto permanente con el presidente de la DC, Álvaro Ortiz; el jefe de bancada, Jorge Díaz; y el vicepresidente de la Cámara, Felipe Camaño. A ello se sumaron conversaciones con los diputados Jaime Mulet y René Alinco, integrantes del mismo comité.
En paralelo, también se le atribuye haber contenido la molestia de parlamentarios del Partido Republicano por las modificaciones incorporadas durante la tramitación, las que, a juicio de ese sector, terminaron moderando el contenido original del proyecto.
Fuente: Emol.cl
📷: Aton
