La propuesta busca reducir la basura electrónica, ya que se estima que en Chile hay cerca de 30 millones de líneas telefónicas.
El proyecto establece un plazo de dos años para que los teléfonos celulares sean adaptados para un cargador universal y cuatro años para el resto de los dispositivos electrónicos.
Por su parte, en el Senado se determinó que los proveedores tendrán que garantizar la interoperabilidad común entre los equipos y sus accesorios de carga. Asimismo, deberán ofrecer la posibilidad de adquirir dichos productos en forma conjunta o por separado.
Este lunes el Congreso despachó a la ley la iniciativa que establece un cargador universal para todos los dispositivos electrónicos, como celulares, tablets, cámaras, audífonos, parlantes portátiles y consolas de videojuegos.
