Además del caso ProCultura, al gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego, se le podría sumar un nuevo flanco judicial.
Se trata de una investigación penal que podría abrirse en las próximas horas, ya que Contraloría hizo llegar al Ministerio Público los resultados de una auditoría a los programas de la Gobernación de la Región Metropolitana, donde se detectaron una serie de irregularidades en el organismo dirigido por Claudio Orrego.
Entre esos hallazgos, sin embargo, hay uno que apunta directamente en contra del gobernador y tiene que ver con el supuesto uso de recursos públicos para charlas de campaña política en 2024, año en que Orrego resultó reelecto.
Según el resultado de la auditoría, a la cual accedió Reportajes de Teletrece, “se advirtió que, durante el año 2024, el Gobierno Regional Metropolitano erogó un total de $31.366.179 para la contratación del servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024 de cuya revisión se constató la realización de 52 sesiones de coaching directivo, siendo proporcionadas únicamente las minutas de 28 de dichas reuniones”.
En el documento se consigna que “de la revisión de los contenidos incluidos, en 16 de estas se verificó que no se relacionaban con contenidos asociados a coaching directivo o sesiones de equipo que evidencien el desarrollo de competencias de liderazgo, entrega de herramientas para profundizas conocimientos, aumentar su rendimientos, mejorar su calidad de vida y consecuentemente mejorar el ambiente laboral”.
¿Cuál sería el fin real detectado por la Contraloría? De acuerdo al informe elaborado por la repartición liderada por Dorothy Pérez, en estas sesiones de coaching directivo “se aludía explícitamente a temáticas, riesgos y acciones relacionadas con la contingencia política y campaña electoral a Gobernador Regional, no en términos generales, sino específicamente a la campaña en la que don Claudio Orrego Larraín se estaba presentando como candidato a la reelección, situación que por una parte no tenía relación con el objetivo de la dicha prestación de servicio y tampoco se aviene con la finalidad y objetivos de esa entidad”.
Por lo mismo, y dada la gravedad de los antecedentes, Contraloría practicará un procedimiento disciplinario en el Gore, con la finalidad de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados, pero también se remitirá el informe al Ministerio Público por eventuales delitos que pudieran haberse cometido en esos movimientos.
El pago de $31 millones por parte del GORE se hizo a la firma Vera y Asociados S.A. en tres facturas. La primera fue por cerca de $12 millones, el 16 de abril del 2024; la segunda, por casi $9 millones, el 11 de junio del 2024; y la última, el 10 de septiembre del 2024.
Fuente: T13.cl
