El diputado Héctor Barría valoró la aprobación de la admisibilidad del proyecto de ley impulsado por la bancada de la Democracia Cristiana que busca incorporar a las personas condenadas por delitos económicos al denominado Registro Nacional de Vándalos, iniciativa que actualmente continúa su tramitación en el Congreso.
La propuesta surge en paralelo al proyecto del Ejecutivo que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades, administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, y busca ampliar el alcance del registro para incluir también a quienes hayan cometido delitos de «cuello y corbata», como fraudes, colusión, corrupción y otras infracciones económicas graves.
«Se ha puesto mucho énfasis en los actos vandálicos, en los rayados de murallas, de garitas, en la destrucción de mobiliario público y privado. Son hechos que nadie quiere que ocurran y que deben ser sancionados. Pero los delitos de cuello y corbata nadie los estaba mirando», afirmó el parlamentario.
Barría sostuvo que durante la discusión legislativa ha existido un foco casi exclusivo en determinados tipos de delitos, dejando fuera conductas que también provocan un profundo daño a la ciudadanía y a la confianza pública.
«Como que existe una especie de sectarismo, una mirada solamente a un sector de la población y a un tipo de delitos. Sin embargo, los delitos elegantes, aquellos relacionados con no respetar las condiciones laborales, la colusión, el fraude y otros abusos, estaban pasando piola. Eso no puede seguir ocurriendo», enfatizó. El diputado explicó que la iniciativa presentada por la bancada demócrata cristiana superó su primera etapa legislativa al ser declarada admisible por una amplia mayoría de la Cámara, lo que permitirá continuar con su tramitación.
«Hubo, por supuesto, quienes rechazaron esta iniciativa, pero la ciudadanía también está llamada a informarse y sacar sus propias conclusiones. Para nosotros es un gran logro que el registro no distinga entre unos y otros. Aquí todos somos iguales ante la ley», señaló.
La propuesta plantea que quienes hayan sido condenados por delitos económicos puedan ser incorporados al registro, enfrentando además restricciones similares a las contempladas para otros delitos incluidos en la iniciativa del Ejecutivo. Desde la Democracia Cristiana han sostenido que el objetivo es terminar con cualquier diferencia en el tratamiento de quienes dañan a la sociedad, ya sea mediante actos vandálicos o mediante delitos económicos que afectan al Estado, los trabajadores, los consumidores y la libre competencia.
Finalmente, Barría indicó que el debate debe centrarse en garantizar que la legislación entregue una señal clara de igualdad ante la ley.
«No puede haber delincuentes de primera y segunda categoría. Quien perjudica al país mediante un fraude, una colusión o actos de corrupción también provoca un enorme daño social y debe asumir las consecuencias de sus actos», concluyó.
