En una encendida intervención durante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados, el diputado Jaime Araya (Ind. – PPD) defendió con firmeza el proyecto de ley que crea un subsistema de inteligencia económica para prevenir y detectar el financiamiento del crimen organizado, haciendo un llamado a “darle herramientas reales al Estado” para combatir el lavado de activos y las redes delictivas que operan en el sistema financiero formal.
«Si queremos terminar con los secuestros, con el lavado de dinero, con el crimen organizado, tenemos que dejar de preocuparnos por las garantías constitucionales de los delincuentes», afirmó el parlamentario, en referencia a las críticas que ha recibido el proyecto por parte de sectores que cuestionan eventuales vulneraciones de derechos.
Araya enfatizó que el proyecto no busca fiscalizar a personas comunes ni a pequeños comerciantes, sino a las entidades reguladas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), como bancos, instituciones financieras y empresas de factoring. “La CMF no va a andar en los almacenes de barrio, va a estar dentro del ámbito de sus competencias trabajando”, aclaró.
En su exposición, el diputado denunció que más de 13,5 millones de dólares fueron lavados recientemente en bancos e instituciones financieras, caso que fue detectado por el Ministerio Público. «Nadie se mete con los bancos en Chile, nadie se atreve a fiscalizarlos», criticó. Por ello, respaldó con fuerza la creación de mecanismos que permitan fiscalización encubierta, destacando la necesidad de proteger la identidad de los funcionarios que realizan estas tareas para evitar represalias del crimen organizado.
El parlamentario también abordó el uso de máquinas de juego ilegales como una de las formas más comunes de lavado de dinero. Advirtió sobre las estrategias de evasión normativa que utilizan algunas empresas para operar sin regulación, incluyendo la creación de máquinas “híbridas” que evitan ser clasificadas como electrónicas. “Esto es parte del ABC del lavado de activos”, señaló.
Por último, respaldó las indicaciones del Ejecutivo que buscan eliminar el cobro de patentes municipales a pequeños comerciantes que venden productos junto a boletos de juegos legales, considerando que “no se puede castigar al que vende calugas o Poyagol con la misma lógica del gran evasor”.
El proyecto de inteligencia económica, que ya fue aprobado en general en la Comisión por unanimidad, busca fortalecer la capacidad del Estado para prevenir delitos financieros, permitir el anonimato de fiscalizadores, flexibilizar el secreto bancario, y reforzar el control de operaciones sospechosas en el sistema crediticio nacional.
