El Diputado José Miguel Castro (RN) pidió -mediante oficio- a la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, para solicitar una investigación formal ante posibles vulneraciones al principio de probidad por parte de funcionarios del Gobierno Regional de Antofagasta (GORE), en el marco de la adjudicación de recursos a la Fundación Comprometidos para un proyecto de esterilización de mascotas en la comuna de Tocopilla.
La solicitud se enmarca en antecedentes revelados por el medio local Timeline, donde se expone que dos funcionarios del GORE se encuentran siendo investigados por el Ministerio Público por presunto fraude al Fisco, en el contexto de convenios con fundaciones privadas. Estos hechos han generado alarma pública, debido a la falta de medidas administrativas correctivas por parte del GORE, pese a la gravedad de las imputaciones y la permanencia de los involucrados en sus cargos.
El Diputado Castro enfatizó que «la ciudadanía merece garantías de que los recursos públicos se administran con total transparencia; resulta inaceptable que, con antecedentes tan graves, no se hayan adoptado acciones preventivas claras por parte del Gobierno Regional».El oficio también hace referencia al Informe Final N° 417/2024 y al Informe de Seguimiento N° 685/2023 emitidos por la Contraloría, que constatan serias irregularidades en el manejo de fondos públicos por parte del GORE, tales como: Falta de respaldo documental por casi $395 millones.
Gastos improcedentes por $4,3 millones.Uso de garantías inadecuadas (pagarés) en convenios de transferencia.
Ausencia de comprobantes formales de ingreso firmados por entidades receptoras.
Inexistencia de manuales para la revisión de cuentas.
Además, la Fundación Comprometidos —actualmente bajo investigación por delitos de cohecho, fraude al fisco, soborno y lavado de activos en la Región de Atacama— recibió más de $144 millones del GORE Antofagasta para el proyecto en Tocopilla. Según información del Ministerio Público, funcionarios del Gobierno Regional habrían colaborado directamente en la formulación del proyecto antes de su presentación oficial.»El control del uso de los recursos públicos no es optativo, es un deber legal y ético, por eso, hemos solicitado formalmente a la Contraloría que investigue estos hechos y determine si corresponde la adopción de medidas administrativas adicionales», mencionó el legislador.El diputado y hoy Presidente de la Cámara de Diputados también señaló que: “Desde un comienzo, cuando surgieron los primeros indicios de irregularidades en los convenios entre el GORE y ciertas fundaciones, fui enfático en solicitar a la Fiscalía que se esclarecieran los posibles vínculos políticos y operativos detrás de estas transferencias; hoy, al conocerse nuevos antecedentes que apuntan a funcionarios aún en ejercicio, reafirmamos la necesidad de actuar con la máxima rigurosidad institucional.
Además, la Fundación Comprometidos —actualmente bajo investigación por delitos de cohecho, fraude al fisco, soborno y lavado de activos en la Región de Atacama— recibió más de $144 millones del GORE Antofagasta para el proyecto en Tocopilla. Según información del Ministerio Público, funcionarios del Gobierno Regional habrían colaborado directamente en la formulación del proyecto antes de su presentación oficial.»El control del uso de los recursos públicos no es optativo, es un deber legal y ético, por eso, hemos solicitado formalmente a la Contraloría que investigue estos hechos y determine si corresponde la adopción de medidas administrativas adicionales», mencionó el legislador.El diputado y hoy Presidente de la Cámara de Diputados también señaló que: “Desde un comienzo, cuando surgieron los primeros indicios de irregularidades en los convenios entre el GORE y ciertas fundaciones, fui enfático en solicitar a la Fiscalía que se esclarecieran los posibles vínculos políticos y operativos detrás de estas transferencias; hoy, al conocerse nuevos antecedentes que apuntan a funcionarios aún en ejercicio, reafirmamos la necesidad de actuar con la máxima rigurosidad institucional.
Asimismo el Parlamentario dijo que: “No podemos permitir que el desprestigio de la función pública se normalice, ni mucho menos que los recursos de todos los chilenos terminen beneficiando a intereses particulares que operan al margen de la legalidad y no donde realmente se necesita. (…) “Nuestra región ha sido duramente golpeada por casos como Democracia Viva y Procultura, y merece que los recursos sean administrados de la mejor manera y por las personas correctas.
Por eso, “además de haber colaborado desde el inicio con la Fiscalía, he resuelto remitir todos los antecedentes a la Contraloría General de la República para que, más allá de las eventuales responsabilidades penales que determinen los tribunales, se investigue también cualquier infracción al Estatuto Administrativo que pudiera comprometer la responsabilidad funcionaria de los involucrados, el combate contra la corrupción no admite ambigüedades y la ciudadanía merece respuestas, pero sobre todo merece instituciones que funcionen con integridad”, concluyó.
