La discusión pública suele caer en simplificaciones que, lejos de resolver los problemas, los profundizan. El caso de las agresiones a inspectores municipales es uno de ellos. Cada cierto tiempo, un episodio de violencia —como los ocurridos en Meiggs, Estación Central o Santiago Centro— reactiva el debate, y resurge la misma receta: otorgar más atribuciones a los inspectores municipales.
Pero esta respuesta es tan fácil como equivocada.
El comercio ilegal dejó de ser, hace ya varios años, una actividad dispersa y marginal. Hoy, en los principales centros urbanos, ha mutado en una estructura asociada al crimen organizado, con financiamiento externo, redes internas de protección, control territorial, uso de armas y capacidad para ejercer violencia organizada. Esta es una realidad reconocida por estudios, municipios, policías y la propia Contraloría.
Sin embargo, la solución que se intenta instalar es que, entregando mayores atribuciones a los inspectores municipales, estos podrán enfrentar de mejor manera la delincuencia.Esa premisa es falsa. Y es peligrosa.
Los inspectores municipales no son policías. No tienen formación, equipo, respaldo operativo ni marco legal para enfrentar bandas organizadas. Exigirles que “contengan” o “regulen” espacios tomados por el crimen organizado es condenarlos a afrontar riesgos para los cuales el propio Estado no les ha entregado herramientas.
Si seguimos por este camino, lo hemos advertido muchas veces: Chile terminará transformando sus municipios en fábricas de mártires.
La pregunta es simple: ¿queremos proteger a los funcionarios municipales o sólo queremos descargar en ellos responsabilidades que el Estado no está tomando?
El combate al crimen organizado es responsabilidad del Estado central y de las policías.
Cualquier legislación que se limite a aumentar atribuciones administrativas —sin abordar el control territorial, el financiamiento delictual y la capacidad de fuego de estas organizaciones— no hará más que agravar la exposición y el peligro para quienes ya trabajan en condiciones difíciles.
Urge recuperar la sensatez: atacar el comercio ilegal significa atacar directamente al crimen organizado. Y eso requiere estrategia, inteligencia, operaciones policiales coordinadas y decisión política. No decretos improvisados ni proyectos de ley que suenan bien, pero no resuelven nada.
Eduardo Pastene Azola
Presidente Unión de Funcionarios Municipales de Chile
