A casi dos años de la concesión otorgada por el Ministerio de Bienes Nacionales para instalar un Centro de Residuos de la Construcción y Demolición (RESCON) en Antofagasta, el proyecto volvió al centro del debate público tras surgir críticas por su ubicación y eventuales incumplimientos normativos.
En 2024, la cartera entregó en concesión onerosa un terreno fiscal de 64,83 hectáreas al Consorcio Santa Marta para desarrollar el proyecto en el sector Chaqueta Blanca, iniciativa que buscaba enfrentar la proliferación de microbasurales y vertederos clandestinos en la ciudad.
El plan contemplaba la disposición de cerca de 60 mil metros cúbicos anuales de escombros, con una concesión por 25 años y un plazo de ejecución de hasta 48 meses.
Promesa ambiental que hoy enfrenta cuestionamientos
En su momento, autoridades destacaron la iniciativa como una solución estructural al déficit de infraestructura para residuos de la construcción en Antofagasta, señalando que permitiría reducir los focos de contaminación y mejorar la calidad de vida de los vecinos del sector norte.
Sin embargo, en 2026 el proyecto enfrenta cuestionamientos técnicos, legales y administrativos, principalmente por su cercanía con el relleno sanitario Chaqueta Blanca.
Dudas por normativa sanitaria
Uno de los principales focos de crítica apunta al cumplimiento del Decreto Supremo N°189 del Ministerio de Salud, normativa que regula los rellenos sanitarios y establece la existencia de zonas de protección destinadas a evitar riesgos sanitarios y ambientales.
Diversos actores han planteado interrogantes sobre la factibilidad de instalar infraestructuras adicionales en sectores colindantes al relleno sanitario, lo que ha abierto un debate sobre el alcance de esta normativa y su correcta aplicación.
Uso de infraestructura pública bajo la lupa
Otro de los cuestionamientos apunta al eventual uso de accesos e infraestructura municipal financiada con recursos públicos para el funcionamiento de proyectos privados vinculados al manejo de residuos.
La discusión se intensifica considerando antecedentes administrativos previos que habrían establecido restricciones para el uso de ciertas vías de acceso destinadas exclusivamente al tratamiento de residuos domiciliarios.
Fiscalización y transparencia en el debate
El caso también reactivó el debate sobre el rol de los organismos fiscalizadores y la necesidad de que las autorizaciones sectoriales, evaluaciones ambientales y permisos administrativos se desarrollen con total transparencia.
Especialistas advierten que la instalación de un RESCON podría representar un avance en la gestión de escombros, pero recalcan que su desarrollo debe garantizar el cumplimiento estricto de la normativa ambiental, sanitaria y urbanística vigente.
Problema estructural que sigue sin solución definitiva
Mientras se mantiene la controversia, Antofagasta continúa enfrentando un problema histórico en la disposición de residuos de la construcción, con la persistencia de microbasurales y vertederos ilegales en distintos sectores de la ciudad.
En ese escenario, el proyecto RESCON aparece como una iniciativa clave, aunque su implementación sigue generando debate respecto a sus impactos, su legalidad y las responsabilidades institucionales en su fiscalización.
