Desde la Unión de Funcionarios Municipales de Chile (UFEMUCH), observamos con profunda preocupación la creciente ola de denuncias que ha venido realizando el Organismo Contralor respecto de irregularidades en diversas reparticiones del sector público y municipal. Se trata de casos que involucran malas prácticas administrativas, contrataciones poco transparentes, uso indebido de recursos fiscales y, en algunos casos, redes de corrupción que vulneran gravemente el espíritu del servicio público.
Estas situaciones no solo erosionan la confianza de la ciudadanía en las instituciones, sino que también golpean directamente a las y los trabajadores municipales honestos, quienes día a día cumplen con responsabilidad sus funciones para garantizar el acceso a múltiples servicios tanto privativos como compartidos, muchos de los cuales provienen de programas gubernamentales que, sin la labor de los municipios, simplemente no llegarían a la comunidad, especialmente a los sectores más vulnerables. Según datos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), más del 60% de la ejecución de programas sociales del Estado se canaliza a través de los municipios.
Es importante destacar que estas tareas, en no pocas ocasiones, se desarrollan en condiciones precarias y con escaso reconocimiento institucional. De hecho, el 45% de los funcionarios municipales del país se encuentra contratado a honorarios o a contrata, sin estabilidad laboral, según cifras del Instituto Nacional de Estadistas (INE) y estudios de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM).
En este contexto, reconocemos el rol fundamental de la Contraloría General de la República, consagrado en el artículo 98 de la Constitución Política de la República y regulado por la Ley N° 10.336. No obstante, desde UFEMUCH manifestamos nuestra inquietud frente a una actitud que, en ciertos casos, ha sido más reactiva que preventiva, y que ha privilegiado la exposición mediática por sobre el debido proceso. Hemos sido testigos de cómo se instala un manto de sospecha generalizada sobre los trabajadores, sin distinguir entre responsabilidades políticas, administrativas o funcionales. Esta situación se ve agravada por la forma en que se difunden los informes preliminares o pre-informes, los cuales, como establece el artículo 9° de la Ley N° 18.575 (Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado), deben ser tratados con respeto al principio de presunción de inocencia y al derecho a defensa.
Como organización nacional, reafirmamos nuestro compromiso con la probidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Pero también exigimos que se respete la dignidad y la honra de las y los trabajadores municipales. Las investigaciones deben desarrollarse con seriedad, imparcialidad y pleno respeto a los derechos fundamentales de quienes cumplen una función pública. Nos preocupa sinceramente que la difusión anticipada de pre-informes, que en ningún caso deben entenderse como definitivos, esté afectando gravemente la salud mental de los funcionarios y funcionarias y, por extensión, a sus familias: esposas, hijos, hijas, padres y madres que no deberían verse expuestos al impacto de un proceso que aún no ha concluido. En este sentido, recordamos que el estado debe proteger la integridad física y psíquica de sus trabajadores, asegurando condiciones laborales seguras y saludables, articulo 19 Nº 1 de la constitución Política de Chile, en el artículo 184, del Código del Trabajo, Política Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo (2024-2028), refuerza el Rol del Estado en garantizar entornos laborales seguros de integridad física y psicosocial como un derecho fundamental y promueve un enfoque preventivo, con perspectiva de género, inclusión y participación social, la protección de estado en abordar riesgos psicosociales en el trabajo respecto a Salud Mental, la propia Ley Karin Nº 21.643, promulgada en 2024, establece medidas contra el acoso laboral y sexual, y refuerza la obligación que pueden afectar la salud psíquica.
UFEMUCH reitera su compromiso con un Estado al servicio de las personas, que funcione con ética, eficiencia y respeto hacia sus trabajadores. Al mismo tiempo, exigimos que los organismos de control y fiscalización actúen con objetividad, sin caer en campañas que politicen la función pública ni en juicios anticipados que estigmaticen a miles de funcionarias y funcionarios honestos.
En tiempos en que se habla de modernización del Estado, recordamos que no habrá transformación real sin fortalecer el empleo público, sin dignificar el trabajo municipal y sin combatir la corrupción desde sus raíces, no solo en sus ramas. Chile necesita municipios activos, no paralizados por el temor. Porque cuando el miedo se instala, se impone la lógica del “el que nada hace, nada teme”, y eso es lo contrario de un servicio público eficiente. Una Contraloría inquisitiva, sin lugar a dudas, contribuye a ese inmovilismo.
