La Confederación Unión de Funcionarios Municipales de Chile (UFEMUCH) expuso ante la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados sus observaciones al proyecto que busca corregir la Ley N° 21.802 sobre seguridad municipal, normativa que entrará en vigencia el 12 de agosto de 2026 y que, según la organización, mantiene vacíos relevantes en materia laboral, presupuestaria y operativa.
La presentación se realizó en el marco de la tramitación del Boletin N° 18.525, ingresado a pocos días de la entrada en vigencia de la ley. En la instancia, el presidente de UFEMUCH, Eduardo Pastene, planteó que la discusión legislativa inicial no entregó garantías suficientes para las y los funcionarios que cumplen labores de inspección en seguridad pública, situación que advirtió podría afectar gravemente el funcionamiento del sistema municipal.
Pastene estuvo acompañado por el encargado de la Comisión Técnica, Christian Gajardo, y por los dirigentes nacionales Jaime Olate, Álvaro Quezada y José Escobar, quienes respaldaron la exposición de la organización ante el Congreso Nacional.
Entre los principales puntos expuestos, UFEMUCH insistió en la necesidad de establecer un régimen laboral único para las inspectoras e inspectores de seguridad municipal. A juicio de la organización, esta medida permitiría entregar certeza sobre condiciones laborales, derechos, responsabilidades, mecanismos de protección y criterios comunes para la implementación de la función en los distintos municipios del país.
La organización también cuestionó la falta de financiamiento permanente y suficiente para la aplicación de la ley. Según UFEMUCH, los recursos considerados resultan limitados, pues estarían orientados principalmente a elementos de protección personal y no contemplarían fondos para remuneraciones, dotación, capacitación ni otras condiciones necesarias para asegurar un servicio de seguridad municipal equitativo, efectivo y sostenible.
En su intervención, UFEMUCH pidió además corregir materias específicas, como el reemplazo. del director o directora de Seguridad por funcionarios de planta, los procedimientos de declaración de vacancia, la falta de consulta previa a funcionarios de planta que puedan ser nombrados inspectores de seguridad, las garantias asociadas a los procesos de capacitación y la incorporación de ciertos ingresos como los provenientes del royalty y de años anteriores en el cálculo del gasto en personal. La organización calificó como especialmente grave que la ley haya excluido a las inspectoras e inspectores de seguridad municipal del aumento de penas ante agresiones.
Durante la discusión parlamentaria, UFEMUCH valoró las intervenciones del diputado Mario Olavarría, quien manifestó su preocupación por el impacto que este nuevo servicio podría tener en la capacidad de los municipios para cumplir otras funciones relevantes, así como dela diputada Andrea Parra, quien destacó la exposición de la organización y planteó revisar el criterio que vincula la exclusión del gasto en personal únicamente a contrataciones via Código del Trabajo.
No obstante, el Presidente Nacional cuestionó las cifras mencionadas por el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, quien habría citado como ejemplo a la comuna de
Santiago y señalado que el sistema de inspectores municipales de seguridad a nivel nacional podria requerir una dotación cercana a los 100.000 funcionarios. Según planteó Pastene, dicha cifra superaria ampliamente al personal de planta, contrata y honorarios actualmente. existentes en los municipios. En ese contexto, advirtió que un sistema de seguridad municipal de esa magnitud resultaría insostenible si no se considera un financiamiento excepcional que permita asegurar su continuidad en el tiempo, sin afectar la prestación de los demás servicios municipales.
Finalmente; La Confederación solicitó a la Comisión realizar una sesión especial para abordar las demandas salariales y laborales delas y los funcionarios municipales, entre ellas las modificaciones a la ley de plantas, la igualdad de sueldos base, el reconocimiento de la asignación profesional en los distintos estamentos y el fortalecimiento de la carrera funcionaria. La solicitud fue recibida por los parlamentarios de la Comisión, en particular por su Presidenta, Joanna Pérez Olea.
Al cierre de la presentación, el equipo directivo de UFEMUCH reafirmó su disposición a continuar participando en el debate legislativo. La organización valoró que el proyecto incorpore parte de los planteamientos formulados durante la tramitación de la Ley N° 21.802, especialmente en lo relativo a que el gasto en personal contratado vía Código del Trabajo no sea considerado dentro del límite del 42%, calculado sobre la base de los ingresos propios del año anterior. No obstante, advirtió que cualquier modificación debe resguardar el equilibrio financiero del sistema municipal y evitar efectos negativos en los procesos de construcción de nuevas plantas de personal establecidos por la Ley N° 20.922.
