La Confederación Ufemuch, fue la primera en intervenir, cuestionando cambios que afectarían derechos estatutarios.
La Comisión de Salud del Senado, presidida por el senador Juan Luis Castro, recibió este martes a diversas organizaciones de trabajadores en el marco del análisis del proyecto de ley Boletín N° 17.678-11, iniciativa que propone modificar el período de carencia del subsidio por incapacidad laboral, introducir cambios en su aplicación al sector público y fortalecer las facultades de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN).
En representación de la Confederación Unión de Funcionarios Municipales de Chile (UFEMUCH), expuso el director nacional y encargado de la comisión técnica, Christian Gajardo, acompañado por los directores José Escobar, Jaime Olate y Álvaro Quezada.UFEMUCH fue la primera organización en intervenir ante la comisión, marcando una postura crítica frente al proyecto, especialmente respecto de aquellas disposiciones que, a su juicio, impactan negativamente a las y los funcionarios públicos y municipales. Su planteamiento fue respaldado por la Confederación de Funcionarios Municipales de Chile (ASEMUCH), la Asociación de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública y la Federación Frente de Trabajadores de Hacienda (FTH).
La jornada concluyó con la intervención del abogado constitucionalista Patricio Zapata, quien en representación de la FTH, expresó coincidencias con los planteamientos de las organizaciones, advirtiendo además que la iniciativa podría presentar eventuales vicios de constitucionalidad.Durante su exposición, UFEMUCH manifestó su rechazo a uno de los ejes centrales del proyecto: la transformación del derecho a dejar de percibir remuneraciones durante el período de licencia médica transformándolo en un subsidio, junto con la incorporación de un período de carencia de tres días.
Según explicó la organización, esta medida busca homologar el régimen del sector público con el del sector privado. Sin embargo, advirtieron que se trata de un retroceso en materia de derechos laborales, además que los funcionarios públicos y municipales no cuentan con herramientas de negociación colectiva equivalentes ni derecho a huelga, a diferencia de los trabajadores regidos por el Código del Trabajo y que el proyecto en esta materia se los reconoce.
UFEMUCH también subrayó la necesidad de resguardar las normas estatutarias históricas del sector público, señalando que cualquier intento de equiparación con el régimen laboral privado debe basarse en un proceso de diálogo amplio y análisis profundo, el cual afirman no ha existido en este caso.Asimismo, cuestionaron que la iniciativa se sustente principalmente en observaciones de la Contraloría General de la República, dejando de lado otras recomendaciones del ente fiscalizador que no han tenido igual prioridad legislativa. Como ejemplo, mencionaron la falta de regulación frente a gastos municipales considerados desproporcionados en actividades de celebración.
En paralelo, la organización llamó a avanzar en el proyecto Boletín N° 17.237-13, que busca modernizar el sistema de calificación de enfermedades profesionales mediante modificaciones a la Ley N.º 16.744. Según indicaron, el modelo vigente mantiene la evaluación en manos de las mismas instituciones fiscalizadoras, lo que, a su juicio, genera desprotección para los trabajadores.A esto sumaron las condiciones laborales precarias que enfrentan muchos funcionarios, factores que inciden directamente en su salud y que, de acuerdo con lo advertido, podrían verse agravados por las disposiciones del proyecto en discusión.
Otro punto observado por UFEMUCH fue la propuesta de incluir las licencias médicas rechazadas dentro del cómputo de 180 días para declarar la vacancia de un cargo. La organización alertó que esta norma podría aplicarse incluso en casos donde el funcionario presenta una condición de salud recuperable, lo que calificaron como un posible abuso y que requiere de modificación legal.
Finalmente, UFEMUCH reiteró su disposición a continuar participando activamente en la tramitación legislativa e hizo un llamado a los funcionarios públicos y municipales a mantenerse informados y en contacto con sus parlamentarios, con el fin de advertir sobre las consecuencias que estas medidas podrían tener en el adecuado ejercicio de sus funciones, afectando el desarrollo de políticas públicas que vayan en directo beneficio de la sociedad y sus habitantes, especialmente de los sectores más vulnerables.
El objetivo, señalaron, es incidir en el debate para evitar la aprobación de iniciativas que consideran perjudiciales tanto para el ejercicio de la función pública como para las condiciones laborales de quienes la desempeñan.
